PROMOCIONES INTERNAS 2016

CSI-F solicitó la inclusión en este acuerdo de la convocatoria de 7 plazas de promoción del grupo C1 al A2 de Administración General, más que necesarias a nuestro parecer y que finalmente no se acordaron.  

En total son 21 las plazas que se ofertan, 9 de ellas para el Area de Cultura y 3 para Traductores.

-         4 Técnicos Medios de Museos (Grupo A2)

-         3 Técnicos Medios de Servicios Culturales ((Grupo A2)

-         2 Técnicos Superiores de Servicios Culturales (Grupo A1)

-         2 Plazas de Traductor (Grupo A2)

-         1 Plaza de Técnico Superior de Traducción (Grupo A1)

Las 9 plazas restantes son las siguientes:

-         1 Técnico Auxiliar de Obras Públicas (Grupo C1)

-         2 Técnicos de Orientación Escolar, (Grupo A1).

-         2 Psicólogos (Grupo A1)

-         1 Técnico en Seguridad y Sistemas Informáticos  (Grupo A1)

-         3 Técnicos de Administración General (Grupo A1)

Os iremos informando de publicación de bases y desarrollo de los procesos.

Denunciante Protegido

Para esta Sección Sindical, son varios los puntos fundamentales para conseguir que las actuaciones fraudulentas llevadas a cabo supuestamente por sucesivos equipos de gobierno sean cosa del pasado. Echamos en falta mucha más protección para los funcionarios que denuncien hechos que pudieran ser constitutivos de delito. El empleado público no tiene garantías para denunciar sin riesgo de ser castigado laboralmente, y el destino profesional de muchos cargos públicos está en manos de las voluntades políticas de turno. Los numerosos nombramientos a dedo y el alto porcentaje de libres designaciones y cargos de confianza deben ser drásticamente reducidos. En países como Dinamarca, hay poco más de 20 cargos de confianza en todo el país, hecho que demuestra la viabilidad de equipos gestores bien estructurados, duraderos e independientes. Por cierto, Dinamarca, un referente del estado del bienestar y de nivel de transparencia, dobla en porcentaje de empleados públicos por ciudadano a España.

Para acabar con la vulnerabilidad actual de los funcionarios ante casos como el que nos ocupa, se hace necesario seguir el ejemplo de algunos países de nuestro entorno en los que es delito la mera investigación del nombre del denunciante de delitos de corrupción conocidos en el ejercicio de su profesión. No se entendería resistencia política a estos cambios, puesto que se les permitiría centrarse en su deber, eliminando la ardua tarea de decidir a quién se coloca al frente de los Servicios de las Instituciones en función de afinidades políticas y/o personales, restando libertad a los trabajadores a la hora de presentar informes negativos ante prácticas inconvenientes.

Es necesario y exigible un sistema de garantías que proteja a aquellos trabajadores que trasladen a los órganos competentes prácticas no transparentes o que sean indicio de delito. 

Perseguir y castigar la corrupción es tan importante como poner medios para evitar que prácticas tan repugnantes se vuelvan a repetir, además todos debemos tener el nivel de tolerancia cero con la connivencia de quienes tienen responsabilidad política de evitar que estas conductas proliferen,  y eligen mirar a otro lado. 

Confía, pero verifica.